Fecha: 18 abr 2011

Ing. Cándido Fco. Xúchitl Pérez

Sabemos todos, incluso los legisladores, que los bienes que un gobierno de cualquier orden adquiere como herramienta para el desempeño de sus funciones van desde predios, vehículos automotores, maquinaria pesada, equipo de cómputo, muebles de oficina, armamento para la policía y un sin fin de consumibles. Los compra con dinero del erario público. Es decir de nuestros impuestos.

También sabemos que cada tres o seis años la administración saliente se roba muchos de esos bienes a pesar de tanto rollo de transparencia, contraloría, actas entrega-recepción y demás mentiras que la clase gobernante declara a diestra y siniestra. La realidad es que despojan al pueblo de esos bienes sin que nada, ni nadie haga algo al respecto para frenar algún día esa mala costumbre. Los ciudadanos ya nos acostumbramos cínicamente a esos ilícitos

Hoy que se habla mucho de transformar a MÉXICO, vamos empezando por nosotros mismos a exigir a quienes hacen las leyes, (que un comercial dice que “las haces tú”) para que tomen cartas en el asunto. Los señores y señoras diputados tienen la oportunidad de limpiarse un poco la mala reputación que tienen atendiendo a este modesto y respetuoso llamado.

Un servidor, levantando la voz en algún escenario del gobierno federal en días recientes desahogaba con firmeza su indignación por ésta y otras realidades de las administraciones (no gobiernos) públicas. Recibiendo como respuesta: “ése es trabajo de tus legisladores locales y en el caso de tu municipio, del cabildo”.

Consultando las leyes, tenían razón, sobre todo en el caso municipal. Si el presidente saliente acuerda con sus regidores vender lo más que se pueda y repartirse el dinero. Lo hace con total impunidad. Si nunca consulta al pueblo para tomar cualquier decisión sea buena o mala; ¿por que tendría que hacerlo para despojarlo?

Federalismo significa entre otras muchas cosas respeto a la autonomía y soberanía entre órdenes de gobierno. Pero eso no puede entenderse como solapar y hasta “negociar” con las tropelías de los funcionarios públicos, que dicho sea de paso, es el pan de cada inicio y terminación de un periodo de gestión.

Cómo vamos a creer en una clase de dizque gobernantes que se tapan con la misma cobija. Con que autoridad moral piden a sus gobernados respetar las leyes so pena de cárcel. Con cuanta rapidez se les olvida que protestaron “CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES” e hicieron hasta eventos fastuosos y comilonas que en la mayoría de los casos se financiaron con el erario público. Otros con el “patrocinio” de sus sanguijuelas que permanecerán durante toda su gestión y serán su peor pesadilla.

Mal comienzo para ellos y más rechazo, decepción y frustración social. Que pena pero resultó más de lo mismo. Con otros actores pero el mismo guión. Son las expresiones que los ciudadanos repiten con rabia y coraje.

Aquí viene la propuesta: conformar un comité ciudadano que desde éste momento le sea entregado y mostrado el inventario de los bienes de todos. Que sea nombrado uno o varios funcionarios de la presente administración para trabajar conjuntamente, llevando un control del uso, mantenimiento, altas y bajas.

Dicho comité ciudadano debe gozar de cabal honorabilidad y no ser “a modo” de los gobernantes en turno, ya que ésta acción invalida su nombramiento. Para eso existe la figura del referéndum, también llamada CONSULTA CIUDADANA.

Por si no lo han notado, el pueblo les tiene total desconfianza, no cree en su honradez y ya se hartó de sus irregularidades, por llamarles de un modo decente.

Diputados y diputadas; regidores y regidoras. Están en el umbral de un camino que puede dejar una huella de reconocimiento social. Cambien realmente ésta historia que nos denigra a todos. Cobran más que cualquier trabajador de éste país y muchos otros. Desquiten el sueldo.

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